El Gobierno español declara la emergencia climática

El Ejecutivo se compromete a adoptar 30 líneas de acción prioritarias, cinco de ellas en los primeros 100 días, para combatir el cambio climático y generar confianza.

El Gobierno español ha declarado la «emergencia climática y ambiental» y se ha comprometido para los primeros 100 días de mandato con acciones urgentes como la remisión al Parlamento de la Ley de Cambio Climático y la definición de la senda de descarbonización para la neutralidad climática en 2050.

Así lo ha avanzado la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que también ha anunciado la creación de una asamblea ciudadana del cambio climático, que incluirá la participación de los jóvenes.

El Consejo de Ministros ha aprobado esta declaración y el compromiso de adoptar 30 líneas de acción prioritarias, cinco de ellas en los primeros 100 días, para combatir el cambio climático y generar confianza, así como sumar esfuerzos y «no dejar a nadie atrás, para abordar las dificultades de los más vulnerables», ha añadido Ribera.

También en la rueda de prensa, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha defendido incentivos fiscales para que el sistema pueda acoger e impulsar la transformación y alcanzar en 2050 la neutralidad de carbono.

El objetivo de la declaración es lograr un futuro común, más justo y equitativo, que aproveche las oportunidades de la transición ecológica mediante políticas trasversales, que pongan al ciudadano en el centro, y no se autorizarán nuevas solicitudes de exploración, permisos de investigación o concesiones de explotación de hidrocarburos, ni para actividades de fracking.

El acuerdo compromete al Ejecutivo a aprobar un plan de acción de educación ambiental para la sostenibilidad antes de que acabe el año y a poner en marcha un plan nacional de salud y medio ambiente.

El mismo insta a estrechar sinergias con las políticas de desarrollo rural, de protección de la biodiversidad y el impulso de oportunidades para la transición energética, para generar nuevo empleo verde.

La declaración recoge la necesidad de adoptar la estrategia de economía circular y una ley de residuos que aborde el problema de los plásticos de un solo uso, para alcanzar «residuo cero» en el horizonte 2050.

También la adopción de una ley de movilidad sostenible y financiación del transporte público, así como medidas para que los municipios de más de 50.000 habitantes establezcan zonas de bajas emisiones de manera urgente.

Además, antes de 2021, se presentará la estrategia de turismo sostenible de España 2030 para aumentar la resiliencia del sector a los efectos del cambio climático y se establece el objetivo de alcanzar el 30 % de superficie marina protegida en 2030.

Fuente:

etbi.eus(2020).El Gobierno español declara la emergencia climática. Recuperado el 21 de febrero del 2020 de :https://www.eitb.eus/es/noticias/politica/detalle/6975447/el-gobierno-espanol-declara-emergencia-climatica-enero-2020/.

Empleos precarios en México: 10.8 millones, el mayor registro histórico.

Al menos 19 de cada 100 trabajadores se encontraron al cierre del 2019 laborando bajo un esquema precario reflejado en jornadas extensas, bajos salarios, o una combinación de ambas.

Durante el 2019 se alcanzaron los niveles máximos de trabajadores en condiciones críticas laborales desde que se tiene registro (2005). En promedio, 19 de cada 100 ocupados (19.0%) en el país laboraron el año pasado bajo condiciones precarias en términos de jornada laboral, de nivel de ingresos o de una combinación de ambos factores.

Durante el primer trimestre del ejercicio pasado, la Tasa de Condiciones Críticas de Ocupación se ubicó en 17.9% de la población ocupada, para el segundo trimestre ésta ascendió a 19.0% y, para el tercero, a 19.5%; al cierre del año se colocó en 19.4%, de acuerdo con cifras desestacionalizadas de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía).

El porcentaje de trabajadores en condiciones de precarización laboral incrementó de manera pronunciada en sólo un año. Mientras en el 2018 la estadística mostraba que 15 de cada 100 (15.45%) ocupados se encontraban en esta situación, en el 2019 la cifra incrementó a casi 20%, esta situación reflejó un aumento de casi 4 puntos porcentuales. Esto equivale a 10.8 millones de trabajadores en esta condición, 2.4 millones más que hace un año.

La problemática de las condiciones críticas laborales se pronfundiza si se analiza la población ocupada por nivel de ingresos; los trabajadores que ganan menos son los mismos que presentan jornadas más largas.

Para el 2019, el 30% de quienes trabajan jornadas de 49 a 56 horas por semana perciben como máximo dos salarios mínimos al mes (3,080 pesos) y son también el 29% de los que trabajan jornadas superiores a 56 horas semanales.

Otro de los indicadores laborales que mostró un retroceso en material laboral durante dicho periodo fue la Tasa de Ocupación Parcial y Desocupación, que incluye a todos los mexicanos que, o están desempleados o están ocupados parcialmente. Es decir, que no tienen empleo o que tienen algunas ocupaciones no formales que suman menos de 15 horas de trabajo por semana.

Sólo del 2018 al 2019 mostró un incrementó de 0.5 puntos porcentuales pasando de 9.0% de los económicamente activos a 9.5 por ciento.

Por su parte, la Tasa de Subocupación también se mantuvo en niveles altos. El promedio de los cuatro trimestres del 2019 mostró que 7 de cada 100 (6.9%) ocupados están en búsqueda de un empleo adicional al que tienen para completar sus necesidades temporales o económicas.

Informalidad cayó en una década
La informalidad laboral, una de las problemáticas más importantes del mercado laboral mexicano, sí mostró un avance en los últimos diez años. El concentrado de trabajadores informales pasó de representar al 60.0% a finales del 2009 a 56.2% a finales del 2019.

Este avance reflejó una reducción de 3.8 puntos porcentuales en la proporción de ocupados que se encuentran laboralmente vulnerables. La informalidad laboral no sólo es otra forma de precarización, también vulnera a los trabajadores en otras esferas sociales, como la salud, la seguridad social y la recreación.

La Tasa de Informalidad Laboral expresa a la población ocupada que no cuenta con afiliación laboral conforme a la leyes vigentes, ya sea por la naturaleza de la unidad económica para la que trabaja o por el tipo de ocupación que realiza. La mayoría de los informales no cuentan con sistemas de seguridad social contributivos, prestaciones laborales, contratos establecidos e incluso pueden no tener acceso a instituciones de salud.

Aún con el avance en la reducción de la informalidad, en México todavía 56 de cada 100 trabajadores, más de la mitad, se encuentra bajo estas condiciones.

La problemática se intensifica para los trabajadores con niveles bajos de ingresos. Por ejemplo, durante el 2019 el 60% de los trabajadores que percibían como máximo dos salarios mínimos al mes (3,080 pesos) no tuvieron ninguna prestación social. Esa proporción era de 48% hace seis años.

Estas cifras reflejan la intensificación de las precarización laboral. Cada vez son más los trabajadores más pobres que no tienen acceso a prestaciones básicas de ley como el acceso a instituciones de salud.

Fuente: García, Ana Karen. El economista (2020). 10.8 millones de mexicanos tienen empleos precarios, el mayor registro histórico. Recuperado el 14 de febrero de 2020 de: https://factorcapitalhumano.com/leyes-y-gobierno/10-8-millones-de-mexicanos-tienen-empleos-precarios-el-mayor-registro-historico/2020/02/